Las demandas a nivel nacional descienden a la mitad en tan solo un año. La comunidad sumó 51 quejas por cada 100.000 habitantes frente a las 84 del 2017.
Las reclamaciones presentadas por los aragoneses ante las entidades financieras se redujeron drásticamente durante el 2018 después del fuerte incremento registrado en el 2017 a cuenta de las gastos hipotecarios y las cláusulas suelo, que llevaron las quejas a máximos históricos, no solo en la comunidad sino en el conjunto de España.
En concreto, los aragoneses presentaron un total de 581 reclamaciones el pasado año, según refleja la Memoria del 2018 elaborada por el Banco de España. Es decir, Aragón contabilizó 51,7 demandas por cada 100.000 habitantes, lo que supone el 2,9% del total nacional. La cifra dista mucho de las 84,8 quejas por 100.000 habitantes alcanzadas en el ejercicio 2017, un ejercicio que concluyó con 953 formalizadas por los aragoneses ante el organismo supervisor.
Pese a ello, la comunidad es la sexta autonomía que más requerimientos llevó a cabo a las entidades financieras en el 2018, por detrás de Murcia (77,4 reclamaciones por cada 100.000 habitantes), Comunidad Valenciana (67,8), Madrid (60), Andalucía (55,3) y Castilla La Mancha (54,3).
La drástica reducción de las quejas tuvo también su reflejo en el conjunto de España. Tanto es así que descendieron un 51% en un solo año, pasando de las 40.176 a 19.695. Las reclamaciones relativas a préstamos hipotecarios volvieron a ser mayoritarias este año. También tuvieron un peso importante las comisiones bancarias y la concesión de créditos rápidos.
RESOLUCIONES FAVORABLES/ Del total de las reclamaciones presentadas en España se resolvieron 6.708, de las que 4.706 (el 70,16%) concluyeron con un resultado favorable para el reclamante, y 2.002 a la entidad financiera. Ello obligó a la banca a devolver 2,63 millones a los clientes, con un importe medio de 392,7 euros. Ibercaja, el único banco aragonés que ha sobrevivido a la salvaje reestructuración del sistema financiero, resolvió favorablemente para el reclamante el 60% de las quejas interpuestas frente al 22% a favor de la entidad.
El presidente de la Asociación de Clientes y Usuarios de Banca (Adicae), Manuel Pardos, considera que la crisis económica y los abusos de la banca originaron el repunte de las reclamaciones de los clientes, aunque eso no sirvió para aprender la lección. A su juicio, los aragoneses «no hemos aprendido de la crisis a pesar de los fraudes», aunque reconoce que los cambios legislativos también llevan a «desorientar» al consumidor. Pardos, no obstante, considera que el actual sistema de reclamaciones está «obsoleto» y «desfasado».
Entre los frentes abiertos para la banca figura el contencioso judicial abierto en torno a las hipotecas referenciadas al índice IRPH, lo que afecta a numerosos clientes que ya se han personado en despachos de abogados para litigar contra las entidades. En Aragón se calcula que entre 15.000 y 20.000 hipotecas pueden estar con este índice.
TASA A LA VISTA / Una de las novedades que podría introducir el Gobierno es que el banco pague por cada reclamación que reciba el Banco de España. Se trata, en definitiva, de que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero sea costeada con una tasa.
«El objetivo es que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar. Tendremos que ver cómo se financia. Si se establece un pago a los bancos, eso genera también un incentivo muy potente para que resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio servicio y no tengamos que llegar a esa autoridad», argumentó la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño hace apenas unas semanas.
El borrador del anteproyecto de ley contempla una tasa de 200 euros por cada reclamación, aunque la cantidad todavía no se ha fijado.
