El problema de la subida de la luz es un problema que se está cronificando y que en muy poco tiempo nos podemos encontrar que los consumidores , de viviendas, lleguen a tener que pagar 400 euros por el consumo de un mes-
¿Qué ocurrirá con los sectores de población como ancianos que cobren menos de 600 euros, o los que estando sin empleo , mayores de 45 años, y que se encuentren percibiendo el RAI de 463 euros mensuales?
¿Acaso con 200 euros o 63 euros se pueden afrontar el restos de los pagos de la casa y especialmente la comida?
Desde la ASOCIACIÓN DE FACU, instamos y demandamos que se implemente medidas reales, eficaces y eficientes ante un problema que no tiene precedentes.
Algo que desde Europa se permite a hacer a los Gobiernos y que en situaciones de esta magnitud se le autoriza e incluso se les respalda.
Federación Aragonesa Consumidores y Usuarios. FACU
Aragón, claro ejemplo de dinamizador de empleo , a nivel nacional y que se preocupa especialmente por el sector ganadero y agrícola con una excelente calidad de sus producciones no sólo cumple rigurosamente el Real Decreto 306/2020 de 11 de febrero de la normativa básica de ordenación de granjas intensivas y extensivas, sino que defiende la sostenibilidad y el medio ambiente exigiendo más que la norma básica.
De acuerdo con sus principios de sostenibilidad y preocupación con el medio ambiente ha propuesto una ley de protección de la agricultura familiar que limita las granjas de todas las especies animales.
El límite está en 720 UGM (Unidad Ganadera Mayor).
No sólo preocupado por la despoblación sino siendo conocedor del grave riesgo que corre la ganadería extensiva que se encuentra en serio peligro por razones de viabilidad y sociales emplea todos sus esfuerzos en apoyarlas y reconoce que es preciso reforzar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), pero la ganadería intensiva también se encuentra en serio peligro y que eso podría suponer un grave riesgo de alimentación a la población.
Sin abandonar el firme compromiso medio ambiental hay que hacer un esfuerzo de implementación que impida un grave riesgo a diez años vista o quince años y es posible hacerlo siempre que se ponga sentido común y responsabilidad.
Un sector que genera más de 33.860 puestos de trabajos directos y más de 100.580 puestos indirectos.
En ese caso Aragón se está convirtiendo en un claro referente de creación de empleo, lucha por la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad y el apoyo a un sector tan degradado en estas últimas décadas.
FEDERACIÓN ARAGONESA CONSUMIDORES Y USUARIOS. FACU
El Tribunal Supremo ha condenado a Mapfre a pagar 3,8 millones de euros a 40 familiares víctimas del accidente de Spanair. Es la mayor compensación a la que se ha condenado a la aseguradora hasta el momento y por lo tanto ya marca un precedente.
Esta sanción se debe a que el TS ha estimado que los cálculos de las compensaciones a 40 familias no estaban acordes a la ley.
Mapfre pretendía ampararse al Convenio de Montreal, que prevé la obligación de ofrecer la indemnización en los seis meses posteriores al accidente o “antes de que se inicie el juicio” , si la segunda fecha es posterior. Sin embargo, el Supremo precisa que los reglamentos comunitarios que se desgajan de ese convenio no son de aplicación para estos casos, en los que un perjudicado ejerce una acción directa contra las compañías aseguradoras y no contra el transportista.
El fallo declara a Mapfre responsable civil de los daños y perjuicios causados por el accidente, ya que, en ese momento, era la aseguradora de la compañía en aquel momento. Además, recoge que «sin perjuicio de otras posibles con causas, el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar esa maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma«.
No es la primera vez que la Justicia condena a la aseguradora por el accidente que se cobró la vida de 154 personas y resultaron heridas 18 aquel 20 de agosto de 2008. El Tribunal Supremo desestimaba en septiembre 2019 un recurso por el que la compañía pretendía quedar exonerada del pago de los intereses de retraso que le habían impuesto por no haber abonado ese dinero a los demandantes, parientes de seis de los fallecidos, en los plazos legalmente fijados.
Los familiares pedían también el planteamiento de una cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya que consideran ambiguo el régimen indemnizatorio de los daños corporales producidos en accidentes aéreos. Sin embargo, el fallo estima que esta cuestión no debe plantearse a Europa porque ya ha sido resuelta suficientemente por la justicia española.
Esto es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años y que la Justicia da la razón a los afectados, algunos casos vienen de lejos y desde hace más de veinte años.
Federación Aragonesa Consumidores y Usuarios. FACU
