Análisis y posicionamiento
de CECU/FACU sobre la situación actual del suministro eléctrico y las medidas
adoptadas en relación la factura eléctrica doméstica.
28 JUNIO 2021
CONTEXTO
La trasposición de la Directiva
2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad a
la legislación española, para avanzar en la necesaria transición energética, lo
ha sido en nuestro país mediante la aprobación de una serie de medidas
tendentes, a juicio de CECU/FACU necesarias y beneficiosas para los
consumidores, sustituir los actuales peajes de acceso del sector eléctrico
separándolos en dos conceptos distintos peajes de redes, que regulará la CNMC,
y cargos, que serán regulados por la Administración General del Estado.
Este proceso de cambio ha
sufrido un retraso en su calendario de implantación debido a varios factores:
la situación de la pandemia no permitió a las compañías eléctricas el inicio
del proceso de adaptación al nuevo sistema y la necesidad de adoptar medidas
extraordinarias para garantizar el acceso a suministros básicos durante el
periodo de crisis sanitaria.
Medidas
adoptadas hasta el momento
1º.-
Un nuevo modelo de factura eléctrica con una nueva estructura tarifaria de
peajes y cargos. La justificación dada es la intención de
fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue
del vehículo eléctrico.
Este cambio no modifica el
precio de la electricidad, solo modifica el reparto que se hace, trasladando
algunas de las partidas del término de potencia al término de energía. Se baja
el precio del término de potencia (el fijo) y sube el de la energía (el
consumo). La justificación dada es trasladar al usuario el beneficio de hacer
un uso consciente y de adoptar medidas de eficiencia que tengan como reflejo un
retorno económico en las facturas.
2º- Aprobación del Proyecto de ley de creación del Fondo Nacional Para La
Sostenibilidad Del Sistema Eléctrico (FNSSE). El proyecto prevé un nuevo
ingreso del sistema que servirá para cubrir los costes fijos del RECORE (primas
a las renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos) que se recaudará
a través de las empresas y que hasta ahora se financiaban a través de los
peajes de acceso de la factura eléctrica. Será gestionado por el Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y tendrá un calendario de
implantación gradual durante cinco años.
Esto trasladará la partida
económica que supone el RECORE de los cargos a los costes de energía, de modo
que deja de pagarse de forma alícuota entre todos los consumidores a ser
proporcional a su consumo.
3º.-
Tramitación de un Anteproyecto de Ley para actuar sobre la retribución del CO2
no emitido del mercado eléctrico para centrales que entraron en operación con
anterioridad a la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión (2005). Con
esto se evita la sobre-retribución que el sistema marginalista permite a las
centrales de generación con tecnologías no emisoras (nuclear e hidráulica).
La tramitación va por vía de
urgencia debido a la situación de subida de precios. Se pretende reducir el
impacto económico con el que el sistema marginalista retribuye a las
tecnologías no emisoras, para contribuir así a la bajada del precio de la
energía, pero esta medida podría producir un efecto contrario si aumenta la
participación del gas en las ofertas del mercado diario, por lo que no
garantiza el efecto positivo de la bajada de precios.
NUESTRO ANÁLISIS
Subida de precio y
mercado mayorista
El precio de la energía en
el mercado mayorista lleva experimentando fuertes subidas durante todo el año
debido al sistema marginalista de fijación de precios por el aumento de los
precios del gas, del barril de Brent y de los derechos de emisión de CO2.
Esta situación denota que el sistema eléctrico
en España necesita una reestructuración profunda debido a que se diseñó en un
contexto con altos precios en la electricidad, un mix de generación
mayoritariamente fósil y una demanda creciente. Sin embargo, el paradigma
energético ha cambiado con la introducción paulatina de tecnología renovable y
el papel que se ha otorgado a las centrales de ciclo combinado cuyo combustible
es gas y carbón así como a la energía hidráulica como servicio de respaldo a la
intermitencia de otras fuentes renovables como la fotovoltaica y la eólica.
Estas tecnologías son
vitales para el sistema eléctrico, por tanto su utilización debería centrarse
en el interés general del sistema y no en la maximización de beneficios
económicos de las empresas concesionarias de su uso. Por ello sería beneficioso
para los consumidores plantear que puesto que los costes del sistema se
financian a través de los peajes (transporte y distribución) y cargos
(Retribución RECORE, Operador del mercado, extracostes insulares, Operador del
sistema, cuotas de combustible nuclear y gestión de residuos, pagos por
capacidad, anualidades del déficit de tarifa, servicio de interrumpibilidad y
servicios de ajuste), que la conformación del precio de la energía en el
mercado mayorista no sea mediante una subasta de sistema marginalista, sino que
se retribuya a cada tecnología por sus costes reales.
El sistema marginalista, a
pesar de ser utilizado en otros mercados de Europa, en España, debido al mix
tan diverso de producción y la alta penetración de energías renovables, no
permite una justa retribución de cada una de las tecnologías participantes,
incrementando el precio para los usuarios y el consecuente beneficio creciente
para las compañías. La falta de equilibrio entre unos y otras es palmaria.
Modificaciones
aprobadas en Consejo de Ministros de 24 de junio de 2021.
Bajada
del tipo impositivo del IVA, pasando del 21% al 10% de manera
temporal para contratos en baja tensión con potencia contratada de hasta 10 kW
siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad
esté por encima de los 45 €/MWh.
La bajada del tipo
impositivo del IVA en el consumo eléctrico ha sido uno de los caballos de
batalla de las organizaciones que conforman CECU/FACU por lo que nada tenemos
que objetar, pero sí criticar su temporalidad y el sistema aprobado para su
aplicación. La bajada del impuesto no es la solución mágica a los graves
problemas del sector eléctrico para los usuarios. Las posibles soluciones deben
venir dadas tras un debate en profundidad en el que todos los actores
implicados puedan aportar propuestas y consensuar el modelo energético y
tarifario que queremos. La voz de los consumidores debe ser oída durante todo
el proceso. La participación directa asegura la implicación de la ciudadanía en
las decisiones que les afectan.
El condicionante aprobado
hoy en relación con que se aplicará el tipo impositivo del IVA al 10% siempre y
cuando “el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté
por encima de los 45 euros por MWh”, vuelve a colocar al consumidor, como en
otras cuestiones relacionadas con el sector eléctrico, en una situación
desequilibrada. El derecho a la información se impide desde una doble
vertiente: por un lado, la dificultad de acceso a los datos relacionados con el
precio medio y, por otro, la propia complejidad del formato en el que se
presentan dichos datos.
La rebaja aislada del
impuesto del IVA traerá también una merma importante de los ingresos públicos,
teniendo en cuenta que hay más de 26 millones de puntos de suministro con hasta
10 kW de potencia contratada con facturación mensual. Esa merma no debe afectar
al estado de bienestar y a las políticas públicas de protección social.
Nuestras
preocupaciones
Además de lo apuntado hasta
el momento, nos preocupa la situación de desprotección que están viviendo los
consumidores. Fundamentalmente por tres factores:
1º.- El actual clima de
confusión por los cambios recientes experimentados en el suministro eléctrico,
unido a la insuficiente formación del consumidor en la materia - su complejidad
ha sido motivo también de denuncia por parte de las asociaciones de
consumidores- y las campañas publicitarias que se están poniendo en marcha por
varios operadores para promocionar el paso al mercado libre, puede conllevar
decisiones precipitadas de cambio de contrato, desconociéndose el alcance real
de las ventajas que tendrá para el bolsillo.
2º.- Que desde el gobierno
se haya solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)
“que investigue si ha habido irregularidades en el mercado” nos trae a la
memoria anteriores manipulaciones de precios como la sucedida en 2013, un año
en el que las subidas trajeron como consecuencia la anulación de las subastas
CESUR que acabó derivando en un procedimiento de sanción por parte de la CNMC a
una compañía eléctrica; tampoco han de olvidarse los expedientes que se han ido
incoando después de esa fecha contra algunas compañías por infracciones graves
de la Ley del Sector Eléctrico, también por manipulación de precios.
3º.- En relación con los
consumidores vulnerables, colectivo prioritario a proteger, la única
herramienta que actualmente tiene a su alcance para combatir la pobreza
energética es el bono social y este ha demostrado, pese a sus sucesivas
modificaciones en las condiciones de acceso, su inoperancia para reducir la
creciente desigualdad de la población y dotar al colectivo de un acceso digno
al suministro.
Actualmente, el bono social beneficia a
1.099.183 familias o puntos de suministro, pese a que las estadísticas del INE,
apoyadas en el indicador AROPE, establecen que el riesgo de pobreza afecta al
25% de la población.
Desde CECU/FACU proponemos
retomar el concepto de tarifa social, con objeto de garantizar al colectivo de
consumidores vulnerables el acceso a un servicio esencial como es la
electricidad.
CECU/FACU. 24 de junio de
2021
