El Consejo de Consumidores y Usuarios
rechaza la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de obstaculizar el
acceso de los ciudadanos a la justicia
El CGPJ pretende privar a los usuarios
afectados de su derecho a acudir a la vía judicial contra las compañías aéreas,
obligándoles a presentar una reclamación administrativa.
El CCU apuesta por potenciar las
inspecciones en este sector y por la imposición de sanciones disuasorias contra
las infracciones de las aerolíneas, así como por un fortalecimiento del sistema
arbitral de consumo, en el cual las decisiones son vinculantes y ejecutivas
para empresas y usuarios.
Madrid, 4 de mayo de 2019.- El Consejo de
Consumidores y Usuarios ha mostrado su rechazo a la pretensión del Consejo
General del Poder Judicial de establecer para las personas consumidoras la
obligatoriedad de reclamación previa ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
en los casos de cancelación, denegación de embarque o retraso de los vuelos,
considerando esa resolución vinculante y quedando expedita la vía judicial sólo
para el caso de recurso.
El CGPJ justifica su propuesta como un
modo de aliviar la “elevada litigiosidad” en este sector, especialmente desde
el inicio de la pandemia y las medidas de confinamiento, y considera también
que se trata de asuntos de “complejidad baja” que deben abordarse de manera
peculiar. Para el CCU, sin embargo, esta medida no garantizará un trato
igualitario a los clientes y supondría obstaculizar el derecho de acceso a la
justicia de las personas consumidoras.
Así se ha pronunciado el órgano de
representación de los consumidores a través de su presidente, Carlos Ballugera,
en contestación a una carta remitida por la Asociación de Juezas y Jueces para
la Democracia, en la que esta Asociación hacía partícipe al CCU de su
preocupación por la propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
En su respuesta, el Consejo de
Consumidores y Usuarios coincide con la Asociación profesional al considerar
inadmisible que, mientras que para las compañías aéreas el sistema arbitral de
consumo sea voluntario y no preceptivo, para los consumidores se pretenda
convertir la reclamación administrativa en un requisito obligatorio, sin que
puedan interponer demandas contra esas empresas.
El CCU se muestra consciente de esa
elevada litigiosidad en el sector del transporte aéreo, que aglutina una gran
parte de las quejas de los ciudadanos recogidas por las organizaciones de
consumidores y usuarios, pero recuerda que ello se debe al incumplimiento por
parte las aerolíneas de las obligaciones que les impone el Reglamento (CE) nº
261/2004 en esta materia.
A juicio del Consejo de Consumidores y
Usuarios, las medidas a adoptar deben pasar por intensificar la vigilancia e
inspección de las autoridades sectoriales y de consumo, sancionando en su caso
las malas prácticas de las empresas de manera proporcional pero también
disuasoria, y no por restringir o menoscabar los derechos de los afectados.
Asimismo, recuerda la necesidad de que, dentro del procedimiento sancionador,
se cree un título ejecutivo que cuantifique el importe del daño por el que el
denunciante deba ser resarcido.
El Consejo apuesta también por incentivar
la adhesión de estas empresas al Sistema Arbitral de Consumo como vía
extrajudicial de resolución de los litigios, lo que permitiría la adopción de
decisiones vinculantes para empresas y clientes contribuyendo a reducir en los
juzgados el peso del elevado volumen de demandas.
En todo caso, el CCU pide que en la
adopción de estas medidas se garantice la participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios.
CECU/FACU
Mayo 2020
