Son millones los turistas que nos visitan cada año atraídos
por nuestro patrimonio cultural, nuestro clima y nuestra gastronomía. Probablemente la mayoría desconoce sus derechos como consumidores respecto al alojamiento, a la hora de consumir en un bar o restaurante, al desplazarse en transporte público o privado, o simplemente no sepan dónde acudir en caso de sufrir alguna incidencia. Por todo ello queremos facilitar algunos consejos básicos para los turistas que visitan nuestro país.
En primer lugar, para el caso de que surja algún problema, todas las entidades deben disponer de hojas de reclamaciones. Si un consumidor quiere interponer una reclamación el establecimiento debe facilitárselas. En caso contrario, podría llamar a la Policía Local (teléfono 092). Una vez presentada la reclamación, el establecimiento debe entregarnos una copia de la misma que podremos presentar en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Se recomienda dejar un correo electrónico o teléfono de contacto donde puedan notificarnos la respuesta.
Si en el plazo de un mes no recibimos respuesta satisfactoria a nuestra reclamación, podremos contactar con el Centro Europeo del Consumidor. Si se es residente en la Unión Europea y ya no se encuentra en España en ese momento, puede gestionar su reclamación a través del Centro Europeo del Consumidor de su país de residencia.
Si nos alojamos en un hotel, hostal, camping, casa rural, etc., podremos exigir el cumplimiento de todas las condiciones de la oferta (precios, servicios, calidades, etc.) teniendo reguladas todas las Comunidades Autónomas las prestaciones que cada establecimiento debe ofrecer en función de su categoría. Si estas no se cumplen podremos reclamar la devolución de parte del importe pagado, el cambio de habitación o la resolución del contrato, según los casos. Si optamos por alquilar una vivienda debemos respetar las normas de convivencia de la comunidad de vecinos. Un exceso de ruido a horas intempestivas u otras molestias podrían provocar una denuncia por parte de los vecinos e incluso la resolución del contrato.
En cuanto a los bares y restaurantes, estos deben tener la lista de precios a la vista y de forma fácilmente reconocible. Si nos sentamos en una terraza, en la carta deben incluirse los precios de todos los productos y, en su caso, los recargos por el servicio de terraza. No nos pueden cobrar los productos que no hemos pedido, ni por servicios inherentes a la propia actividad de restauración como, por el ejemplo, el uso de cubiertos, la reserva de una mesa o la limpieza de manteles.
Si nos desplazamos en taxi debemos saber que el taxímetro no puede activarse hasta que se le ha comunicado al conductor el destino, salvo que se haya solicitado el servicio de forma previa. El recorrido deberá ser óptimo y en caso de avería por causa ajena al pasajero, debe detenerse el contador. Al finalizar el trayecto podremos pedir nuestra factura. Si se contrata un vehículo de transporte con conductor (VTC) deberán informarnos de forma previa sobre el coste del trayecto así como sobre el resto de las condiciones del servicio. En ambos casos, el conductor deberá disponer de hojas de reclamaciones en caso de incidencia.
Si durante nuestra estancia en España necesitamos asistencia médica, podremos acudir a cualquiera de los centros de salud u hospitales de la ciudad o municipio en el que nos encontremos. No obstante, si no se es portador titular de la Tarjeta Sanitaria Europea, podría tener que correr con los gastos que suponga dicha intervención. En ocasiones, sobre todo si no se es ciudadano europeo, podría ser recomendable contratar un seguro.
En caso de que necesite ayuda, diríjase a un agente de la Policía Local, llame al 092 o póngase en contacto con la embajada o consulado de su país en España.
En España el fenómeno de la comercialización de productos falsificados tiene una importante dimensión. Según los últimos datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) las falsificaciones provocan la pérdida de 6.175 millones de euros en ventas al comercio y la destrucción de 67.000 empleos directos al año. Durante 2016, en España se incautaron falsificaciones por valor de casi 800 millones de euros. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron 1,66 millones de productos falsificados y la Agencia Tributaria más de 2,5 millones de productos falsificados en un total de 2.232 operaciones.
