F. A.
C. U.
El suministro eléctrico es
un servicio de primera necesidad del que nadie puede prescindir para mantener
una mínima calidad de vida, siendo una cuestión vital en caso de personas
mayores, menores o que padezcan problemas de salud.
Este es un sector complejo
para cualquier consumidor, lo que dificulta elegir adecuadamente entre las opciones
del mercado (tipo de contrato, potencia, comercializadora, autoconsumo, etc.)
la que mejor se ajuste a sus necesidades. Tampoco es fácil enfrentarse a las
prácticas irregulares de las entidades que participan en el sistema.
Como usuarios, somos
consumidores cautivos de un suministro básico para comprender cómo se fijan los
precios; cómo optimizar la potencia; entender las ofertas –no siempre
transparentes-; cómo lidiar con algunas prácticas más que cuestionables de las
comercializadoras; afrontar imprevistas subidas de dudosa legalidad del precio
de la energía; saber cómo y ante quien reclamar
cuando surge problemas con la
factura o con la lectura y el funcionamiento del contador… Estos son solo
algunas complejas cuestiones a las que nos enfrentamos.
Por ello, es necesario que
las organizaciones sociales y los organismos públicos pongamos a disposición de
los consumidores toda la información necesaria para hacer que el sistema
eléctrico sea comprensible y justo. Hay que facilitar el acceso a todas las
herramientas necesarias que permitan elegir adecuadamente el tipo de servicio
que mejor se ajuste a sus necesidades, así como para reclamar y denunciar las
prácticas abusivas. Pero además, las asociaciones y los organismos públicos
debemos denunciar, y en el caso de la administración, sancionar, las prácticas
ilícitas que vulneren los derechos de los consumidores.
Si disponer de electricidad
a un precio asequible es fundamental para cualquier persona, velar por los
colectivos vulnerables es un deber para la sociedad y los Estados, que deben
garantizar el acceso al suministro y no permitir su interrupción. Por eso,
también es necesario que desde las organizaciones sociales y organismos
públicos se apoye y se informe a los consumidores sobre su derecho a solicitar
el bono social y cómo hacerlo. También hay que
facilitar las denuncias de las prácticas irregulares de algunas entidades y, en
su caso, la insuficiencia de las medidas adoptadas para proteger a estos
colectivos.
Federación Aragonesa
Consumidores y Usuarios.
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