El COVID-19 nos ha hecho ser más conscientes que nunca de las condiciones de los hogares en los que vivimos. Éstas son especialmente relevantes para quienes tienen dificultades cada mes para pagar sus facturas energéticas. Una situación que en España afecta a miles de personas. Por ejemplo, en 2019, un 16,7% de los hogares tenían un gasto energético desproporcionado en relación a sus ingresos, y un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno- Ahora esta situación se ha empeorado considerablemente y más con las recientes subidas.
Si bien en Aragón los Gobiernos, apoyan decididamente estas medidas es preciso que se implemente un plan global a nivel nacional a propuesta gubernamental.
Esta situación no sólo afecta al nivel del confort o habitabilidad, sino que tiene un impacto directo sobre la salud. Es más, se calcula que la pobreza energética es la responsable directa de 7.100 muertes al año.
En este contexto, la rehabilitación de viviendas se presenta como una de las soluciones más efectivas para garantizar un hogar digno. Y el momento actual nos ofrece una oportunidad única para impulsar esta herramienta: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el anteproyecto de Ley de Vivienda establecen medidas y partidas concretas para estimular la rehabilitación de los edificios.
Sin embargo, corremos el riesgo de repetir los mismos errores que en el pasado. Los planes desarrollados hasta el momento han excluido a las familias en situación de vulnerabilidad debido a que establecen unos requisitos que suponen barreras de acceso para este colectivo. Por ejemplo, se exige la propiedad de la vivienda o la financiación previa de las obras. Estos programas tampoco han contribuido a mejorar la asequibilidad de las viviendas rehabilitadas y el acceso a las mismas.
Ante esta situación desde FACU se solicita desde medidas del Gobierno central:
- Un objetivo mínimo de un 20 % anual de rehabiliación de viviendas de hogares en situación de vulnerabilidad respecto al total de volumen rehabilitado. España se encuentra en un estado de emergencia social con un elevado porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión.
- Programas y fondos específicos para la rehabilitación dirigidos a viviendas en alquiler habitadas por familias en pobreza energética o con pocos ingresos propietarios de viviendas con bajos ingresos y viviendas sociales para que sean estos los destinatarios prioritarios de los mismos.
- Esquemas de ayuda y financiación apropiados para las familias en situación de vulnerabilidad , dado que las familias de rentas bajas no pueden afrontar el pago por adelantado las reformas o devolver un préstamo.
- Exención fiscal de las ayudas a la rehabilitación de viviendas para que no computen como ingresos en la declaración del IRPF para personas con rentas bajas y evitar la incompatibilidad o pérdida de otros tipos de ayudas sociales.
- Favorecer especialmente las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social construido entre 1950 y 1980 que es donde se concentra más del 75 % de la pobreza energética.
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