sábado, 8 de agosto de 2020

SOLICITUDES AYUDA PARA COMIDA

Tres de cada cuatro llamadas a Servicios Sociales son para pedir ayuda para comida

Desde mitad de marzo, el servicio de Acción Social ha recibido más de 142.000 consultas. ZeC denuncia la desatención a niños y jóvenes y el cierre "por vacaciones"

Calle del heroísmo (Zaragoza) - GOOGLE MAPS

La crisis ha hecho mella entre los más vulnerables. Se dice, se repite y se admite. De vez en cuando, además, los números lo ratifican aunque sea en forma de llamadas. En este caso, en el servicio de atención que abrió el Ayuntamiento de Zaragoza tres días después de que se declarara el estado de alarma van camino de las 150.000 consultas telefónicas en asuntos relacionados con el coronavirus. Pues bien, más de la mitad fueron derivadas a servicios sociales, que se encontraron con que tres de cada cuatro personas necesitaban ayuda para la provisión de alimentos.

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Al abrigo del puente

Los puentes sobre el río Ebro y sus orillas albergan a quien no tiene dónde ir. «Cuando vienen a verla las asistentas no se acercan, dicen que está bien, ¿es que no tienen ojos», se preguntan

8 Algunas de las personas que viven bajo los puentes del Ebro en Zaragoza. - JAIME GALINDO


Ionel y su esposa llevan 20 años en residiendo en España. Los últimos seis meses los han vivido en una tienda de campaña que plantaron entre los puentes de Piedra y de Hierro, resguardados contra el muro del paseo. Es su dormitorio particular. Fuera de la tienda, a la intemperie, la cocina y el salón son cuatro sillas y una sombrilla. Cachibaches aquí y allá que han ido recogiendo de la basura. Sombrillas, carros, sillas a las que les falta la tapicería. El baño es una esquina donde unos baldes hacen de ducha cuando el calor aprieta y cuando surge la necesidad. «Pero no se crea, eh, aquí no estamos tan mal», bromean con resignación.

Es mediodía y están haciendo la comida. Hoy toca un guiso de patatas con algo de carne que cocinan en el suelo en un fuego que avivan con alcohol. Sin luz, sin agua, sin nada. Comen de lo que pueden mendigar, de las sobras de los supermercados. Aún así ofrecen asiento, comida y agua.

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viernes, 7 de agosto de 2020

El Gobierno crea un impuesto a los plásticos de un solo uso

El Consejo de Ministros aprueba gravar la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria. El importe será de 0,45 euros por kg de envase y se estima una recaudación de 724 millones de euros

El Periódico de Aragón

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables con el objetivo de reducir su uso. El impuesto tendrá carácter indirecto y gravará con 0,45 euros por kilogramo su fabricación, importación y adquisición intracomunitaria que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español, según ha anunciado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El impuesto es similar al que pretenden implantar otros países europeos, como el Reino Unido o Italia. "La nueva figura tributaria responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de acutueción en la fiscalidad verde", ha señalado. España tiene el quinto porcentaje más bajo de fiscalidad ambiental de la UE.  

El impuesto se incluye en el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados que incluye otras inicitivas para reducir y eliminar los plásticos de un solo uso. Una vez aprobado, el texto deberá pasar por los correspondientes organismos consultivos y de participación pública antes de volver a pasar de nuevo por el Consejo de Ministros.



 

ALOJAMIENTOS TURISTICOS

  Vacaciones en el contexto de la COVID‐19  ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS


RECOMENDACIONES


Con motivo de las posibles restricciones de movilidad que pueda imponer cada Estado como consecuencia de la pandemia así como por las propias precauciones que tomen los consumidores, se prevé que este verano se  apueste por el turismo de interior. Por lo tanto, el incremento de reservas y alojamientos en establecimientos turísticos tendrá este año un protagonismo superior al de años anteriores.

Las opciones para los consumidores son ahora más amplias que nunca: desde los tradicionales hoteles, hostales, apartahoteles, alojamientos rurales, hasta campings o autocaravanas, e incluso plataformas de intermediación de viviendas turísticas. Cada Comunidad Autónoma, e incluso cada ayuntamiento, ha dictado o puede dictar cuáles son las normas y requisitos que se aplicarán a cada tipo de establecimiento, de modo que las prestaciones con respecto a cada categoría no tienen por qué coincidir necesariamente. Es muy recomendable comprobar la efectiva existencia del m establecimiento, la legitimidad de la página web que en su caso se utilice y la inscripción de la empresa en los registros correspondientes. 

En todo caso el consumidor debe examinar con todo detalle la oferta turística que más le interese y, especialmente dada la situación de crisis sanitaria, las condiciones de cancelación, pues no en todo caso va a tener derecho al reembolso de las cantidades que en su caso deba anticipar. Debe tenerse en cuenta que, como regla, las reservas son más caras cuanto mayor es la libertad de cancelarlas, y las mejores opciones económicas pueden ser las que exijan el pago anticipado sin posibilidad de reembolso.

No obstante, debe tenerse en cuenta que un agravamiento de la libertad de circulación puede derivar en una situación de fuerza mayor y, por tanto, permitir al consumidor acceder al reembolso de los pagos que en su caso haya efectuado.

También debe considerarse que los derechos no son los mismos si quien ofrece el alojamiento es una empresa (hoteles o apartahoteles, campings, etc.) o un particular (alquiler de vivienda de temporada, por ejemplo). Más dudas se pretenden plantear con las plataformas de intermediación de alojamientos turísticos, en las que la principal protagonista (la propia plataforma) no puede pretender eximirse toda  en caso de incumplimiento.

Es importante conservar copia de la publicidad en la que el consumidor ha basado su decisión, especialmente en alojamientos cuyas prestaciones se desconocen de forma directa y la única información del cliente son los anuncios que ha visitado.

En cuanto a los datos personales, no podrán solicitarse más de los necesarios para gestionar la relación contractual. Así mismo, deberá informarse del tratamiento que se les vaya a dar, de la existencia de un fichero y de sus derechos respecto de la política de protección de datos.

 ¿Qué hacer en caso de controversia con el establecimiento?

La entidad deberá informar al consumidor sobre los procedimientos o mecanismos para reclamar.

En primer lugar, deberá dirigir su reclamación contra la propia entidad a través de cualquier medio válido en derecho: teléfono, correo postal o electrónico, fax, incluso, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, si la entidad las utiliza como sistema de contacto con los clientes. Es importante que quede constancia de que la entidad ha recibido la reclamación.

Si la contratación se realizó a través de internet, podrá reclamarse a través de la plataforma europea de resolución de conflictos.

Si en el plazo de un mes no recibe respuesta satisfactoria, el consumidor podrá acudir a cualquiera de las instituciones de protección del consumidor: asociaciones de consumidores, oficinas municipales de información al consumidor o servicios autonómicos de protección del consumidor (en estos dos últimos casos, preferentemente del lugar donde tenga la sede el establecimiento reclamado).

En caso de que ninguna de estas vías satisfaga la pretensión del consumidor, éste podrá acudir a los tribunales de justicia. En caso de que la cuantía de la reclamación no supere los 2.000 euros, no será necesario contar con la asistencia de un abogado y un procurador. Únicamente debe presentarse el modelo de demanda de juicio verbal de menor cuantía, junto con la documentación pertinente, en el juzgado competente. 

CECU / FACU


domingo, 5 de julio de 2020

ARTICULO CARLOS BALLUGERA - MORATORIA HIPOTECARIA



CORONAVIRUS
5 JULIO 2020
ENLACE:




Desde el Consejo de Consumidores y Usuarios nos comparten este enlace al artículo escrito por el presidente del órgano, Carlos Ballugera, en el que responde a cuestiones de máxima actualidad como las siguientes:
·         ¿Hasta cuándo se puede pedir la moratoria hipotecaria?
·         ¿A qué acreedores afecta?
·         ¿Qué hay que poner en la solicitud?
·         ¿Qué efectos tiene?
·         ¿Cuánto dura?
·         ¿Aumenta el plazo de la hipoteca?
·         ¿Los intereses se perdonan o hay que pagarlos después de la moratoria?
·         ¿Qué pasa si el acreedor o el deudor incumple los requisitos legales?
·         ¿Cómo se devuelve el capital aplazado? ¿
·         Tengo que ir al notario?
·         ¿Se altera el rango si hay titulares intermedios?

IV Simposio Mediación y Tribunales



5 julio 2020



Del 21 al 25 de septiembre de este año, se celebrará el  IV Simposio Mediación y Tribunales organizado por la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Nuestra compañera, Ana Móner, intervendrá en representación de CECU el  martes 22 en la mesa denominada “Transformación digital en mediación: la mediación electrónica”.

Para más información sobre el programa provisional, ponentes, requisitos para presentación de comunicaciones, cuotas y boletín de inscripción, podéis consultar el siguiente enlace: 
                       
                                         https://mediacionesjusticia.com/simposio-2020

Federación Aragonesa Consumidores y Usuarios. FACU

domingo, 21 de junio de 2020

El Consejo de Consumidores y Usuarios solicita al Gobierno una prórroga de las moratorias legales más allá del plazo mínimo de tres meses inicialmente establecido


El CCU reitera el derecho de los ciudadanos al reembolso por la cancelación de servicios no prestados en toda clase de sectores. 



Madrid, 16 de junio de 2020.- La prórroga de las moratorias legales para hipotecas y créditos más allá del plazo mínimo de tres meses inicialmente establecido es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de consumidores en la reunión mantenida la pasada semana con la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea.

Las organizaciones pertenecientes el Consejo de Consumidores y Usuarios y el presidente del CCU, Carlos Ballugera, consideran que las propias asociaciones del sector bancario, al ofrecer moratorias convencionales de hasta un año para los usuarios, han reconocido la necesidad de esta prórroga debido a las dificultades económicas generadas por la crisis de la COVID-19. Este ofrecimiento de las entidades financieras se considera, sin embargo, insuficiente, ya que las moratorias convencionales conllevan el mantenimiento del pago de intereses remuneratorios por las personas consumidoras, mientras que en el caso de las moratorias legales no se cobran tales intereses durante su periodo de vigencia. Por ello insisten al Gobierno en la extensión en el tiempo de las moratorias legales, con el fin de que los usuarios puedan beneficiarse de la suspensión tanto de la deuda hipotecaria como del pago de intereses.


Derecho al reembolso de los servicios no prestados
El Consejo de Consumidores ha valorado en la reunión de modo positivo que se haya aceptado su solicitud de garantizar a los consumidores el derecho de reembolso en relación a servicios no prestados y que los bonos a futuro ofrecidos por las empresas no se consideren obligatorios para los usuarios en ningún sector. Dichos bonos suponen una alternativa de libre elección asociada, en todo caso, a la voluntad del consumidor, y cuya aceptación puede verse incentivada por la recepción de ofertas interesantes que hagan que el usuario se decante por esta solución en lugar de optar por el reembolso del precio abonado. Con esta decisión, que afectaba inicialmente a las ofertas de viajes combinados, se cierra también la vía del bono obligatorio a otros sectores que pretendían acogerse al mismo, como es el caso de los festivales y eventos artísticos.

Las asociaciones consideran una mala práctica por parte de las empresas no respetar los precios existentes en el momento del pago o no incluir en la cuantía del bono las posibles subidas, como, por ejemplo, en el caso de los viajes y alojamientos, en los que se pretenden aplicar suplementos por el cambio de temporada baja a alta.

El CCU ha mostrado su preocupación por la situación de aquellas personas que, en el caso de vuelos no realizados, han aceptado inicialmente los bonos al pensar que eran obligatorios debido a la falta de información o a la información confusa ofrecida por las aerolíneas. Denuncia también que algunas compañías se están negando a la devolución de las cantidades abonadas por los servicios cancelados, y pide que se materialice cuanto antes la revisión del procedimiento de reclamación ante AESA, que aspira a ser vinculante para las empresas, obligando a las compañías aéreas al cumplimiento de la Ley sin tener que recurrir a largos procesos de demanda en los tribunales.

En todo caso, las organizaciones de consumidores valoran de forma positiva la voluntad del Ministerio de Consumo para ejercer la acción de cesación contra estas compañías, pendiente en estos momentos de concreción en su fundamentación normativa por la Abogacía del Estado. El presidente del CCU recordó que las asociaciones del Consejo cuentan también con legitimación activa para personarse en los procedimientos de cesación que en su día se inicien por el Ministerio, o ejercer sus propias acciones de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y con la Ley de Competencia Desleal.


Tasa COVID
El Consejo de Consumidores y Usuarios ha debatido sobre la denominada “tasa COVID”, que están implantando diferentes comercios, bares y restaurantes con el objetivo de compensar los gastos añadidos asociados a las medidas de seguridad e higiene que requiere la actuación contra el coronavirus.

La Dirección General de Consumo ha remitido una nota informativa a todas las comunidades autónomas indicando que la posición del Ministerio en relación a esta tasa es considerar la misma una cláusula abusiva cuando se desglosa en la factura, ya que se refiere a gastos de obligado cumplimiento para los establecimientos y no a servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor tenga capacidad de aceptación o rechazo, y supone trasladar al consumidor la obligación de sufragar unos gastos que competen exclusivamente al proveedor en el desarrollo de su actividad comercial o profesional.

En relación a otros asuntos, en la reunión mantenida se valoró positivamente la agilidad con la que se ha resuelto la cuestión del reembolso de los viajes cancelados del IMSERSO, solicitándose igualmente el control y seguimiento de las agencias autorizadas para la comercialización de estos viajes en relación con las devoluciones. Se alertó sobre las subidas de precios, particularmente en los alimentos y productos básicos, considerándose necesario que la Administración permanezca atenta a la aparición de abusos en ese ámbito. Se advirtió sobre la proliferación de ofertas de compra o empeño de oro y joyas, aprovechando la situación desfavorable de muchas personas en el estado de alarma, con intereses más que usurarios, Y se solicitó de nuevo la reanudación del sistema arbitral, que en algunas comunidades autónomas ya se ha puesto en marcha y que, en todo caso, debería volver a la normalidad a partir del día 21.
CECU
Junio 2020




lunes, 15 de junio de 2020

DENTIX

A primeros de abril saltó la noticia de la petición de preconcurso de acreedores de DENTIX. Las noticias en prensa hablaron de la crisis financiera de la mercantil Dentix, que no tiene modelo de franquicia a diferencia de otros servicios dentales similares. Los antecedentes vividos con el caso IDENTAL nos mantienen alerta respecto de cualquier novedad en el tema.


Actualmente, las noticias en prensa ya van recogiendo testimonios de afectados que no son atendidos https://www.merca2.es/dentix-pepper-lorenzo-muriel-afectados-clientes-idental/.


Desde L’OCUC nos informan que algunos de sus asociados están preocupados y solicitando asesoramiento y apoyo. Queríamos preguntaros sí también se están dirigiendo a vuestras organizaciones y/o si sabéis si vuestras respectivas administraciones de consumo están sobre el asunto. Creemos que sería interesante que os dirigierais a ellas, si lo estimáis apropiado, para trasladarles vuestra preocupación; solicitarles que os mantengan informados y que lleven este asunto a las reuniones que tengan de coordinación entre comunidades autónomas y Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, tal y como se hizo en el caso IDENTAL en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo. Nosotros también nos dirigiremos a la Dirección General para solicitar lo mismo.








NOTA DE PRENSA

Crisis sanitaria de la COVID-19 España debe prepararse para hacer frente a posibles desabastecimientos y asumir la producción propia de medicamentos



- La campaña No es Sano manda al Gobierno y a los partidos políticos un documento con recomendaciones para fortalecer al Sistema Nacional de Salud y hacer frente a un posible rebrote de la pandemia. 

- Las propuestas incluyen medidas para garantizar el acceso universal a las vacunas y tratamientos de la COVID-19, estrategias ante posibles desabastecimientos de fármacos, medidas para limitar la propiedad intelectual e iniciativas para asegurar la transparencia en los ensayos clínicos.

10 de junio de 2020. La pandemia producida por la COVID-19 ha puesto contra las cuerdas a nuestro Sistema Nacional de Salud. A los problemas derivados de los recortes de los últimos años, como la falta de infraestructuras o la precariedad del personal sanitario, se han sumado otros que han obstaculizado la respuesta a la crisis sanitaria: la falta de respiradores, el colapso de las UCI y la falta de equipo de protección para los profesionales. Sin embargo, la escasez no ha afectado solo al material sanitario. Los desabastecimientos de medicamentos, un problema global y muy recurrente en todos los países, también han sido y seguirán siendo una de las principales preocupaciones de gestores y profesionales sanitarios que debe abordarse cuanto antes.

En este contexto, la campaña No es Sano ha enviado al Gobierno y a los partidos políticos un documento con un paquete de propuestas sobre política farmacéutica que, si antes de la crisis ya eran urgentes, ahora no pueden esperar más. Todas ellas responden a la pandemia, pero también suponen una nueva configuración de nuestro sistema público de salud para defender el interés general y garantizar el acceso a los medicamentos, las vacunas y los diagnósticos sin poner en riesgo su sostenibilidad. El documento recoge, entre sus medidas, que las vacunas y los tratamientos para la COVID-19 deben ser considerados un bien público, así como tener precios justos y asequibles para asegurar que puedan llegar a todas las personas que los necesitan. Asimismo, debe estar garantizado su suministro. Cuando finalmente se descubran vacunas o medicamentos para el nuevo coronavirus, recuerda No es Sano, su suministro no puede quedar en manos de una o unas pocas empresas, sino que será necesaria una producción y distribución a gran escala. 

En esta línea, solicita al Gobierno que ponga en marcha estrategias de producción nacional y pública de medicamentos, material sanitario y diagnósticos que permitan cubrir las necesidades de la población en el caso de que fuese necesario, aprovechando los recursos propios del SNS y otras instalaciones de la Administración Pública. 

En el ámbito de la propiedad intelectual, las organizaciones que promueven No es Sano reclaman que, si llegado el caso no estuviera garantizado el acceso a los nuevos medicamentos, España se plantee excepcionalmente la aplicación, entre otras medidas, de las licencias obligatorias -que consisten en suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico-, un mecanismo que está recogido en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y que puede aplicarse en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. 

Así mismo, la campaña recuerda que existe una enorme inversión pública en las investigaciones que se están realizando sobre la COVID-19. Por ello, reclama que los tratamientos y vacunas que resulten de estos proyectos no tengan licencias exclusivas -impidiendo así que sea solo una empresa la que los produzca-, tengan limitados los derechos de propiedad intelectual y sus resultados se compartan para acelerar los avances en la lucha contra esta pandemia. Además, el Gobierno y otras instituciones públicas deben asegurar que en los acuerdos que se establezcan con las compañías farmacéuticas a la hora de desarrollar y producir potenciales fármacos se incluyan cláusulas que garanticen que estos tratamientos y vacunas tendrán precios asequibles y no se especulará con ellos. También, pide la creación de fondos de investigación independiente que aseguren una investigación desligada de los intereses de la industria farmacéutica.

El documento recoge, además, medidas orientadas a avanzar en la transparencia de los procesos de aprobación y financiación de los medicamentos; de las relaciones entre Gobierno e instituciones públicas con la industria farmacéutica; de los procesos de fijación de precios de los medicamentos; y de los ensayos clínicos. Para estos últimos, en concreto, reclama más información sobre sus resultados y un cálculo, que no existe hoy en día, sobre la aportación pública que realizan los hospitales cuando ponen sus recursos (instalaciones, personal, infraestructuras, etc.) al servicio de los ensayos clínicos de las compañías.

Más allá de pandemias y situaciones de emergencia, recuerda No es Sano, estos principios deberían ser la guía en la construcción de un nuevo modelo de investigación y desarrollo de medicamentos global, accesible y sostenible.

CECU / FACU




Devolución de las cantidades abonadas por los usuarios del programa de turismo social para mayores del IMSERSO.





Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales han modificado el procedimiento sobre la devolución de las cantidades abonadas por los usuarios del programa de turismo social para mayores del IMSERSO.

Conforme a la nueva información emitida ho, cobran especial interés los siguientes puntos:
·  no se cobrarán gastos de anulación, ni de gestión, por lo que los usuarios recibirán en la cuenta bancaria facilitada al efecto o en la tarjeta de crédito o débito en la que realizaron el pago, la cantidad íntegra abonada; y.
·  no existe un plazo predeterminado para realizar las solicitudes.







TASA COVID



CECU/FACU




Tras el análisis jurídico del asunto, se ha considerado que la denominada "tasa Covid", cuando se encuentra desglosada en la factura, podría considerarse como una cláusula abusiva, sobre la base de los siguientes argumentos:

·  Las medidas de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento exigidas a los establecimientos y locales con apertura al público durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no son de cumplimiento potestativo por su parte, sino que les resultan de obligado cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente;

·  Por tanto, las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento de los establecimientos o locales no son servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor o usuario tenga capacidad de aceptación o rechazo, sino que son inherentes según la normativa vigente a la propia actividad comercial de los establecimientos y locales con apertura al público;

·  El hecho de incluir los potenciales gastos ocasionados por las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento, de forma desglosada, en una factura dirigida al consumidor o usuarios supondría el traslado al consumidor o usuario de unas obligaciones que competen exclusivamente al proveedor del bien o prestador del servicio a las que vienen obligados debido al desarrollo de una actividad comercial o profesional;



Por tanto, la inclusión de dichos gastos de forma desglosada en una factura podría ser considerada como una clausula abusiva en el sentido de los puntos 4 y 5 del artículo 89 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, puesto que se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte, aun habiéndose informado a estos de forma previa.




martes, 2 de junio de 2020

Consumo denuncia a 17 aerolíneas por no informar sobre los reembolsos

Solicita que sean declarados nulos los bonos sustitutorios del reembolso si se han ofrecido como única opción

Aviones de Iberia estacionados en e laeropuerto de Barajas. - EL PERIÓDICO

El Ministerio de Consumo denunciará a al menos 17 aerolíneas por omitir información sobre el derecho al reembolso tras la cancelación de los vuelos por el coronavirus, según ha anunciado el departamento que dirige Alberto Garzón en un comunicado. Las 17 aerolíneas denunciadas son Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair.

"La normativa europea es clarísima. Cuando una compañía aérea cancela un vuelo, el usuario tiene derecho a recibir el reembolso en los siete días siguientes a la solicitud, pero actualmente tenemos sobrados indicios de que este derecho no se está pudiendo ejercer", ha asegurado la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, a La Sexta. Según los cálculos aproximados del ministerio podría haber cerca de un millón de afectados.

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