ACTUACIONES ANTE LA PANDEMIA DE COVID 19
REFLEXIÓN FINAL. EN DEFENSA DE LOS FRÁGILES
Hasta aquí la relación de quejas y actuaciones
realizadas con las distintas administraciones por el Defensor del Pueblo, en
relación con los efectos de la covid durante el tiempo transcurrido de 2020.
En cualquier caso, todavía es pronto para hacer un
balance completo y preciso del con ansiedad por el presente y desasosiego por el futuro.
Dos crisis casi sucesivas nos han azotado, la
financiera de 2008 y la de la covid en 2020, separadas apenas por tres años de
recuperación parcial, y han causado un daño devastador. Con la pandemia todo se
hace desde un margen de incertidumbre importante: no hay experiencia, no hay
antecedentes e incluso la ciencia se muestra vacilante.
Se está trabajando desde una búsqueda científica,
entusiasta, que lucha por encontrar una rápida y estable salida de la pandemia.
Pero esto es difícil; requiere tiempo, dedicación y acierto. Ya se anuncian en
el horizonte vacunas que podrían iniciar el camino para acabar venciendo al virus.
Esto genera un comprensible optimismo, pero debemos ser cautos y no relajar
nuestro comportamiento en la lucha contra la pandemia que todavía persiste.
Hay que avanzar en una línea sometida a la
verificación permanente. Y a la revisión que haga falta: sin miedo, sin dudas,
con firmeza y, sobre todo, con humildad.
Pero la ciudadanía tiene miedo e incertidumbre,
individual y social, ante el futuro. Los servicios públicos se desbordan y se
tensan las redes de protección social ante las demandas masivas de supervivencia,
pues resulta obvio que esta crisis no está siendo igual para todos.
El confinamiento establecido para luchar contra el
virus ha tenido graves efectos sobre nuestra economía, pero sobre todo está
arrasando a quienes ya se encontraban en una situación vulnerable. Las políticas
utilizadas para luchar contra la crisis económica en la primera mitad de la
pasada década, basadas en recortes del estado del bienestar, en el control del
gasto y en el cumplimiento de los objetivos de déficit, empobrecieron a la
población en situación más precaria.
A los trabajos precarios ya existentes se ha sumado ahora el aumento del
paro, los ceses de actividad o la pérdida de empleo. También se ha hecho más
visible la brecha digital y las diferencias habitacionales.
Las mujeres, que ya sufrían mayor riesgo de pobreza
que los hombres antes de la crisis del coronavirus, pues tienen empleos más
precarios, menores salarios y sufren más el desempleo, lo han visto
incrementado. De alguna forma la pobreza está feminizada. Tener hijos o ser una
familia monoparental aumenta este riesgo de pobreza severa. En estos meses,
hemos podido ver largas filas de personas en busca de alimentos ante
organizaciones sociales de ayuda.
En definitiva, todos estos factores se añaden a la
delicada coyuntura anterior que ya vivían las personas en situación más
vulnerable, por eso ahora es fundamental poner el foco en ellas. Aunque aún no
existen datos exactos y completos que permitan cuantificar el impacto del virus
en la pobreza, existen indicadores que ponen de manifiesto incrementos notables
de ella.
Las conclusiones del informe que encargó el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el impacto de la pandemia de covid
en la pobreza afirmaba que «lo peor está por venir» por lo que cualquier
fórmula para evitar que el mundo sufra un caos social por la pandemia pasa por
contar con sistemas de protección social eficaces.
Cierto es que ahora, tanto en España como en
Europa, las políticas que se están aplicando son claramente diferentes a las de
la anterior crisis económica. Se caracterizan por su corte expansivo.
Así lo acreditan medidas como la introducción de
los ERTE, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, las distintas ayudas a
pymes y a trabajadores o la limitación de desahucios y de cortes de servicios
básicos, entre otras, que pueden contribuir a paliar los efectos de la covid,
sobre todo en las personas más vulnerables. Pero para combatir el riesgo de
pobreza y exclusión los poderes públicos deben perseverar en una continuada
atención a las personas más vulnerables.
Resulta urgente seguir implementando medidas que
blinden servicios públicos como la educación y la sanidad y refuercen la
protección social, pues son fundamentales para paliar los efectos de la crisis
socioeconómica que estamos sufriendo y evitar que nadie quede atrás. De no
hacerse así la cifra de ciudadanos en situación de pobreza se enquistará y
aumentará notablemente en España.
En conclusión, debemos aprovechar este momento
para reorientar la economía en una dirección más sostenible desde el punto de
vista de la justicia social. Y esta nueva orientación no puede esperar, los
meses que vienen serán absolutamente decisivos porque habrá que elegir a qué
sectores económicos apoyar y qué tipo de sistema de protección social queremos.
Las decisiones que se tomen hoy serán esenciales
para afrontar en una determinada dirección estos problemas los próximos años.
